La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que tiene en vilo a los principales grupos piqueteros se activó esta semana con una serie de allanamientos, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos. En ese expediente, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, hay más de 1000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134.
La causa que tramita en el juzgado de Lijo -uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema- incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA). La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, las denuncias además apuntan a supuestos delitos provocados con motivo de las marchas del 8 de marzo, por el Día de la Mujer, y la movilización del 24 de marzo. “Entre otros cosas se investigan amenazas a los beneficiarios de los planes por no ir a las marchas”, puntualizó uno de los investigadores.
El expediente es voluminoso por el caudal de denuncias. “Tenemos más de mil formularios de denuncias ingresadas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes eran los que hacían las amenazas”, apuntó la misma fuente. Pese a que la causa recién comienza, el juez Lijo ya ordenó informes de cuentas y varias declaraciones testimoniales.
Las denuncias judiciales contra los grupos piqueteros salieron a la luz este lunes, cuando Infobae reveló los allanamientos ordenados por el juez Casanello en el marco de la denuncia que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita. En total fueron 28 procedimientos en las sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.
En los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras y mucho dinero en efectivo. También se encontró un cuaderno que podría ser clave porque tiene inscripciones manuscritas con listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores.
Casanello también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados en la causa: Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Ese expediente se inició en diciembre pasado, con denuncias de todo el país. Sin embargo, el fiscal Pollicita se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal. Y logró ubicar a varios de los denunciantes, algo que suele complicar ese tipo de investigaciones. El resto de las denuncias se enviaron a los juzgados federales del interior del país.
Las dos causas, la de Lijo y la de Casanello, nacieron con las denuncias recibidas en el call center de la línea 134.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich reveló ayer, en declaraciones a radio Mitre, que hubo 150 mil denuncias porque “la gente perdió el miedo”. De ese caudal, se judicializaron unas 10 mil denuncias. “La gente está perdiendo el miedo porque se da cuenta que está siendo doblemente victimizada. No damos nunca los datos de las personas que denuncian ni los de las personas involucradas hasta tanto no los dio la Justicia”, remarcó Bullrich.
En esa misma entrevista, la ministra remarcó el trabajo conjunto con el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tuvo la tarea de cotejar si los nombres y los datos aportados por los denunciantes eran verídicos. Las denuncias judiciales finalmente estuvieron a cargo de Bullrich, que luego pidió ser querellante. Sin embargo, Casanello decidió anoche rechazar esa presentación. “Lo central a tener en cuenta para ser admitido en ese carácter en un proceso penal es la calidad de persona ‘particularmente ofendida’; la cual es propia de quien de modo singular, individual, especial y directo se presenta por el daño o peligro que el delito acarree”, fue uno de los argumentos formales.
Fuente: Nicolás Pizzi – Infobae.com