En dos almuerzos en el conurbano, el Presidente respaldó la reelección de los jefes comunales sin límites, lo que en la actualidad es imposible por el límite impuesto por una ley sancionada por Juntos por el Cambio en el 2016.

La preocupación de los intendentes bonaerenses por su futuro lleva largos meses. Si bien 2023 está extremadamente lejos en el calendario, sobre todo teniendo en cuenta las volteretas de la política nacional, la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que impide que los intendentes sean reelegidos más de una vez en forma consecutiva, se convirtió en un tema de conversación entre ellos durante las últimas semanas. Una nueva escalada en esa inquietud que tienen desde hace cuatro años.

El límite a la reelección atraviesa a todos los partidos políticos. De 135 intendentes, 95 no podrán se reelegidos dentro de tres años. En ese extenso grupo, entran muchos de los pesos pesados del conurbano. En especial del peronismo. Dirigentes que gobiernan localidades con más de 300 mil habitantes y transformaron el poder territorial, que les dan los votos, en poder real, que tienen algunos pocos y les da la posibilidad de ser influyentes.

Entre los jefes comunales más destacados que no podrán reelegir están Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuck (Escobar), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Julio Zamora (Tigre) y Andrés Watson (Florencio Varela). Solo algunos nombres propios de una larga lista.

En la última semana, Alberto Fernández tuvo dos almuerzos con intendentes peronistas del conurbano. Uno en Lomas de Zamora y otro en Avellaneda. Dos localidades donde quienes gobiernan no pueden renovar. Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi no solo son dos de los jefes comunales más poderosos del conurbano: son también engranajes importantes en la estructura provincial del peronismo. En ambas reuniones el Presidente se refirió a las reelecciones. Y en ambas oportunidades manifestó estar a favor de que existan. Dicho de otra manera, se mostró en contra de la ley.

El último encuentro fue el que se realizó en Avellaneda. En esa reunión, pronunció una frase que tuvo gran aceptación entre todos los presentes. “Si la gente los quiere votar una, dos o tres veces, no tiene por qué haber una limitación”, dijo ante la atentada mirada de los comensales. No llegó a haber un segundo de silencio. Hubo un aplauso masivo. Una muestra colectiva de felicidad.

En esa reunión había un grupo grande de intendentes del peronismo y estaba también el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La frase se filtró y el tema se instaló en la agenda política. Quizás, el propio Fernández buscó hacerlo. Sin embargo, los jefes comunales prefieren no levantar la bandera de la reelección públicamente. Saben que la iniciativa podría implicar pagar un costo político que desconocen.

Muchos de ellos advierten que el tema es demasiado frívolo y solo le interesa al micromundo de la política. La gente está en otra sintonía. Preocupada por la crisis económica y conviviendo con la pandemia. Dos realidades paralelas y bien alejadas. Pero nadie niega que existe un interés claro en que esa ley no se aplique. Es una preocupación que, en mayor o menor medida, tienen todos.

Los intendentes decodificaron las palabras del Jefe de Estado de diferentes formas. Pero en la mayoría de las líneas interpretativas están de acuerdo. Fernández les hizo un guiño frente a un problema que les preocupa y que pone límites a sus anhelos políticos, pero, sobre todo, a su poder político.

Si la ley sigue vigente, tal cual está, después de 2021, los jefes comunales comenzarán a ver diluido su poder en el camino hacia el final de la gestión. Detrás de ellos, en las sombras o a la luz del sol, aparecerán nuevos candidatos a ocupar el sillón municipal. Competidores directos en la disputa por el poder real. La ley también incluye a diputados, senadores y consejeros escolares. El malestar y la incertidumbre también son palpables en algunos rincones de la Legislatura.

Cuando lo escucharon a Fernández decir que Néstor Kirchner valoraba el rol de los intendentes y que él tenía la misma mirada sobre el importante lugar que ocupaban frente a la comunidad, algunos leyeron un gesto de diferenciación con su compañera de fórmula. La ex Presidenta no tenía, en su etapa en la Casa Rosada, un vinculo demasiado fluido con ellos. Hoy tampoco lo tiene. Muchos de los que se terminaron alineando al Frente de Todos promocionaban un peronismo sin Cristina. En el kirchnerismo son más pragmáticos de lo que parece, pero no se olvidan del pasado.

Fernández, en cambio, se encargó en este tiempo de construir una relación directa con los intendentes, sin desautorizar a Kicillof pero alimentando un ida y vuelta personal sin escalas en la gobernación bonaerense. Los recibe en la Quinta de Olivos o en Balcarce 50. Les da precisiones sobre los principales temas que tiene en su escritorio, como la renegociación por la deuda o la compra de vacunas. Los invita a los actos. Los hace sentir importantes en el enorme esquema oficialista. Gestos. Caricias en código político.

Si bien falta para 2023, las elecciones del próximo año pueden ser un salvoconducto para muchos de los jefes comunales que no podrán reelegir.Es difícil que se bajen del barco tan rápido y que negocien un lugar en las listas legislativas, pero ninguno se anima a descartarlo de plano con autoridad. En todo caso, sienten que tienen más posibilidades de reacomodarse que los legisladores provinciales, que también son afectados por la ley y no tienen peso propio para negociar.

Un jefe comunal del conurbano armó una hipótesis que tiene que ver con el nivel de afectación que tienen las palabras del Presidente. “Alberto dio una señal para buscar respaldo de los intendentes. Necesita generar consenso y contener las ansiedades. Además, no tiene costo político para él. No lo perjudica ni lo beneficia porque la decisión no depende de él. Solo da una muestra de respaldo”, reflexionó. Su interpretación no es demasiado diferente a la que hacen muchos de sus pares.

En las últimas semanas, en la conversación frecuente que tienen los intendentes, en grupos de WhatsApp o en las reuniones a las que asisten, se empezó a construir el rumor de que Sergio Massa y Máximo Kirchner preferían no boicotear la ley. No meterse en ese terreno y mirar de afuera.

Cada uno tenía su motivo. El líder del Frente Renovador porque acompañó el proyecto y fue uno de los impulsores. Su espacio lo votó y lo defendió en la Legislatura. El presidente del interbloque oficialista en Diputados porque veía en el límite a las reelecciones la posibilidad de impulsar a candidatos de La Cámpora. Rumores que abundan en una coalición donde se miran con recelo pero comprenden que la unidad es intocable.

Cerca del líder de la agrupación kirchnerista desmienten ese accionar. “Nosotros cuando queremos poner un intendente vamos a elecciones. A veces nos va bien, como sucedió en Quilmes, Mercedes, Luján o Carmen de Areco, y a veces nos va mal, como a todo el mundo en la política. Pero nunca estuvo en contra de las reelecciones indefinidas”, aseguraron. Además, advierten que fueron de los pocos que se opusieron a la ley y no la votaron. En el Frente Renovador prefirieron el silencio.

Por su parte, Kicillof no tiene intenciones de meterse en esa discusión. Al menos por ahora y, sobre todo, en forma pública. Nada hace pensar que se va a oponer a que la ley se intente modificar en la Legislatura o se presente un recurso de amparo para evitar su aplicación. No va a poner los pies en el barro. “No es un problema nuestro”, sostienen en la gobernación.

Los intendentes barajan diferentes opciones para salir del aprieto en el que los puso la ley. Una es realizar una presentación judicial conjunta, otra es buscar un consenso en la Legislatura para modificar el artículo 7 de la ley que sostiene que “el período de los Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores a la entrada en vigencia de la presente Ley será considerado como primer período”y que el período considerado sea el último, que comenzaron en 2019, y no el que arrancaron en 2015, que estaba vigente en el momento en que se sancionó el proyecto. Una movida más arriesgada sería militar la derogación de la ley. Ese parece un escenario imposible.

Solo algunos pocos intendentes marcaron la cancha en la discusión. Uno de ellos fue el de Lanús, Néstor Grindetti, que no tiene posibilidad de reelegir y dejó en claro su posición en una sola frase:“No vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano”. Desde Vicente López, Jorge Macri apoyó esa misma definición. Ambos, integrantes de Juntos por el Cambio, respaldan la esencia de la ley sancionada en 2016 durante la gestión de Vidal.

En el mismo espacio hay diferentes posturas. El intendente de La Plata, Julio Garro, no piensa igual que sus socios. En un Zoom que se viralizó en las redes sociales explicó el cuestionamiento que le hace a la norma. Argumenta que la ley está mal aplicada porque toma el período de gestión que había comenzado un año antes. Las leyes no pueden ser retroactivas, sostiene. “Se tuvo que haber aplicado hacia adelante y no en forma retroactiva. Ese va a ser el cuestionamiento que se le haga a la ley, no su espíritu”, explicó.

La preocupación de los intendentes sobre la aplicación de la ley está viva en su propia agenda. El Presidente ya expresó su posición, Kicillof se corrió a un costado y en la oposición conviven diferencias interpretaciones. La discusión está abierta. El tema podrá diluirse en las próximas semanas, pero estará activo en la rosca política subterránea. Los intendentes no quieren perder poder y Alberto Fernández no quiere que lo pierdan.

Infobae

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