Los ministros Guzmán, Kulfas, Arroyo y Volnovich se acercaron al recinto. Intendentes y militantes se acercaron. Un puñado de aliados garantizaron la ley.

Máximo Kirchner logró este martes que sea aprobado en Diputados su tanta veces prometido proyecto para gravar la riqueza, en medio de un clima de épica militante como nunca se había visto desde iniciada la pandemia, que tuvo manifestaciones callejeras y hasta la visita de medio gabinete al recinto para respaldarlo.

Contó con 133 votos, sólo 4 más que la mayoría simple, y la ayuda del bloque de José Luis Ramón, de la flamante dupla del riojano Felpe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia y de un puñado de aliados sueltos del interbloque federal que no siempre están cuando el oficialismo los necesita, como Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos y los socialistas Enrique Estévez y Luis Contigiani.

Se sumaron Alejandro “Topo” Rodríguez y tres de los cuatro diputados de Córdoba Federal, el bloque de Juan Schiaretti: no se conectó su esposa Alejandra Vigo. Graciela Camaño, líder de los federales, votó en contra. 

Máximo no pudo festejar en el recinto, porque debió aislarse debido a que mantuvo contacto estrecho con una persona infectada con Covid. Había estado en el palacio hasta las 19, cuando tuvo una reunión con funcionarios del Gabinete que respaldaron la ley y que al menos hasta esta madrugada no se conocía si habían decidido aislarse. 

Llegaron hasta el salón de honor el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el de Hacienda Martín Guzmán, el de Producción Matías Kulfas, el titular de Aysa, Malena Galmarini; la de ANSES, Fernanda Raverta y la jefa de Anses Luana Volnovich.

Se acercaron además la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el de San Vicente Nicolás Mantegaza y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Federico Otermin. 

Todos se tomaron una foto con la respectiva distancia social, en medio de un debate que duró 14 horas y dibujó la grieta entre el Frente de Todos y Cambiemos, los primeros bregando por un aporte de los ricos a la crisis, que los segundos consideraron confiscatorio y sólo útil para ahuyentar inversiones. 

“Se redujeron los Bienes Personales entre 2016 y 2019 y terminamos en el Fondo Monetario Internacional, aumentó la desocupación y la pobreza. Lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos”, se defendió Máximo en el discurso de cierre, que llegó pasadas las 3 de la madrugada. 

Convocó además a que el gravamen sea un puente “hacia una reforma tributaria en la Argentina que democratice los impuestos que hay entre la reforma tributaria que democratice la cantidad de impuestos que hay y se recaude de los sectores que se tiene que recaudar”. 

“Nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado junto al sector público, invirtiendo juntos. No hay antagonismo entre lo público y lo privado. Debe haber una comunión y entender que el Estado articula y regula allí donde el mercado obstruye y abandona. Se trata de construir entre todos una salida”, cerró Máximo. 

El proyecto grava por única vez a los patrimonios mayores a 200 millones de pesos, alcanzará a unos 10 mil contribuyentes y permitirá recaudar 307 mil millones de pesos, un 1.1% del PIB. Tendrá alícuotas que partirán del 2% y subirán a 2.25% para quienes sumen 300 millones en su declaración jurada (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000 o más.

La recaudación tendrá cinco destinos específicos. Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20% para subsidios a las pymes y el mismo porcentaje irá al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación con el objetivo de sostener a los chicos en el sistema escolar. 

Un 15% será para los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), con el plan de mejorar la salud y las condiciones habitacionales de sus habitantes. En los cuatro casos, el Gobierno está obligado a coparticipar los fondos con las provincias, otra negociación de estos meses.

No así en el otro 25% que se girará en programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de YPF S.A. “Queda establecido que Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen”, señala el proyecto. Heller agregó que la secretaría de Energía deberá dar el visto bueno, el único retoque que se hizo en el recinto. No sumó un destino a la Ingreso Familiar por Emergencia (IFE), suspendido por Guzmán. 

El gravamen aumentará si los bienes están en el exterior hasta llegar a 5.5% para los más acaudalados. Podrán repatriarlos en un plazo de 60 días, aunque sólo serán reconocidos si los activos que traigan son igual o superior al 30% de sus tenencias financieras que permanezcan en el exterior. Además, los fondos deberán permanecer en el país hasta el 31 de diciembre de 2021.

“No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene un tractor le pegan en el poste a este impuesto. En Córdoba, 400 hectáreas de base imponible para 2020 tienen 98 millones de pesos, la mitad para la valuación del impuesto; una cosechadora vale 600 mil dólares cada una. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente”, rechazó el proyecto el radical Mario Negri, a cargo del cierre por ser el jefe de Cambiemos. 

La sesión comenzó presidida por el diputado del PRO Álvaro González, porque Massa aún esperaba un tercer hisopado del jefe del FMI, con el que se había reunido el viernes, dos días antes que diera infectado de Covid 19. Cuando supo que había sido un falso positivo, fue dado de alta y corrió al recinto a tomar control de la sesión. Ya se había sancionado el presupuesto y el impuesto a la riqueza llevaba varias horas de debate.

Cambiemos asistió con 84 de sus 116 diputados, el frente de todos sólo llevó una parte de sus 118, pero no fue sencillo que se respetar el protocolo de distanciamiento social. Los del PRO pidieron cada vez que hablaron que en diciembre sea todo presencial, sin más nadie conectado al zoom.

Ya se había sancionado el presupuesto y el impuesto a la riqueza llevaba varias horas de debate. “No somos hinchas del déficit como dicen por ahí, sino que somos enemigos del ajuste. Con este impuesto estarían alcanzados por la iniciativa menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales. ¿Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas?”, inició Carlos Heller, miembro informante del oficialismo, quien sostuvo además que no cambiará la vida del que tenga 200 millones si pierde 4. 

El rechazo opositor lo inauguró Luciano Laspina, del PRO. “El aporte opera como una doble imposición respecto al impuesto de Bienes Personales: estamos hablando del mismo sujeto imponible, la misma base imponible y una sobrealícuota respecto a esa base imponible. Es confiscatorio porque se considera confiscatorio cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”.

“Este Gobierno subió 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta. Este aporte no tiene un afán recaudatorio: tiene un afán ideológico y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”.

Una perlita la dio el radical Atilio Benedetti, de los pocos que quedó alcanzado por el impuesto. “Es confiscatorio, porque en muchos casos de muchas empresas que hoy sufren dificultades, van a tener que vender parte de sus activos para hacer frente a esto”.

Volvió a levantar el recinto Leopoldo Moreau. “Nadie destruyó el aparato productivo de la Argentina como lo destruyeron ustedes en el gobierno de Cambiemos. Tengan un poco de respeto por la realidad. Salvajismo tributario contra la producción fue el tarifazo en dólares que implementaron, o el endeudamiento más grande de la historia, de 100 mil millones de dólares; o la desregulación del mercado de capitales que permitió la bicicleta financiera. Un gobierno no se define por lo que hace con los pobres, sino con los ricos”, cerró. 

No se contuvo de contestarle el jefe del PRO, Cristian Ritondo. “¿Terminaste muy bien vos en tu gobierno en el 89, Leopoldo?”. Al rato tuvo que pedir disculpas por sus compañeros. “Lo que menos quise es haber dado algún tipo de insulto al Doctor Raúl Alfonsín, sino lo que dije es que hay medidas en gobiernos que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte”. 

La diputados de la línea dura del PRO como Fernando Iglesias y Waldo Wolff pidieron cambiar la ley por la extinción de dominio, aquel proyecto para apropiarse de bienes confiscados por la corrupción que fuera congelado por radicales y peronistas y dispuesto por DNU de Macri. 

El aliado Ramón fue un militante más de la ley. “La verdadera Argentina se integra con todos, no solamente con los que están mirando su propio ombligo. Todos los que lograron hacer esta gran fortuna hicieron el patrimonio en Argentina. El que se quiera ir. Creo que ha llegado el momento en que se vaya del país”. 

“Es difícil sacar un impuesto”

En este sentido, el contador Ezequiel Monclús señaló que “es muy difícil, una vez que se introduce un impuesto, sacarlo. Yo diría que es casi imposible”.

En diálogo con NI+NI-, programa conducido por Pedro Rossi, Monclús expesó: “Las pymes son el sector más complicado, hoy están sobreviviendo como pueden”.

LPO

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