Lo acompañó de la ley de los “1000 días”, para proteger a los recién nacidos. El texto es similar al aprobado en 2018 en Diputados y espera un trato rápido en esa Cámara.

Alberto Fernández envió a la Cámara de Diputados el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo junto a otro para proteger a los recién nacidos durante sus primeros 1000 días de vida. 

“Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”, expresó el presidente en su mensaje grabado que difundió en las redes sociales.  

Sostuvo que “la criminalización del aborto solo aumentó los abortos clandestinos en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa”.

“Esto resuelve un problema que afecta a la salud pública. Salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas. El debate no es decirle si o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, agregó Fernández.

Sergio Massa anticipó que convocará a referentes de Diputados que están a favor y en contra del aborto para coordinar los giros a comisión y los tiempos del debate. Los verdes quieren un tratamiento en dos plenarios y este martes negociaban con los celestes para no dilatar los tiempos sin sentido. 

En el recinto pudieron verse charlas entre Silvia Lospennato, emblema del aborto legal; con las provida Carmen Polledo y Marcela Campagnoli, el PRO y la Coalición Cívica. 

El proyecto es similar al aprobado en 2018. Habilita la interrupción legal del embarazo a las 14 semanas de gestación y en cualquier momento si estuviese en peligro la vida de la gestante o fuese producto de una violación, con declaración jurada de la mujer, a no ser que tenga menos de 13 años.

Estas habilitaciones ya estaban vigentes en el Código Penal, donde se retocan las penas por los abortos en cualquiera de las circunstancias no descritas: serán de 3 meses a 1 año a los que lo practiquen con autorización de la mujer, además de la prohibición de ejercer la medicina.  

 La misma pena tendrán si se niegan a hacer un aborto legal; y a las mujeres cuando abortaran fuera de las condiciones habilitadas, aunque podrá evitarse ante “circunstancias que lo hicieran excusable”. No habrá sanción por tentativa de interrumpir el embarazo.  

Se sancionará con entre 3 y 10 años de prisión a los médicos que practiquen el aborto sin el consentimiento de la mujer. Las penas menores a 4 años pueden ser excarcelables. Y entre 6 meses y 3 años a quien causare un aborto sin propósito de hacerlo. 

Las mujeres deberán obtener un trato digno, privacidad, respeto a la confidencialidad, calidad en la atención y acceso a la información. Y recibir los métodos anticonceptivos que figuran en el programa médico obligatorio (PMO). 

Las mayores de 16 años tendrán que acudir con un representante legal y las de 13 con sus progenitores o un representante legal en caso de no tener, agregado que no existía en el proyecto de 2018. 

Los profesionales podrán excusarse de practicar el aborto ante una objeción de conciencia en ámbito público y privado, pero con muchos límites que lo harán pensarlo dos veces: no podrán negarse en caso de que el paciente arriesgue su vida ni en casos que presenten secuelas por abortar. Cualquiera de esos incumplimientos puede derivar en sanciones administrativas y hasta denuncias penales. 

El proyecto contempla además la garantía de cobertura en el programa médico obligatorio y los planes de educación sexual que se habían sumado al proyecto aprobado en 2018.  

Le ley de los 1000 días crea una asignación de un monto una vez al año a las familias con niños que presenten problemas de salud; y extiende una asignación por nacimiento y por adopción. También un sistema de alerta tempranas de nacimientos, con un protocolo estricto para informarlos. 

LPO

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