El proyecto la incorpora, pero pide garantizar las prácticas. Duelo de constitucionalistas.

La ley del aborto tuvo su segundo día de debate en la Cámara de Diputados con más de 10 horas de exposiciones y muchos reclamos a la objeción de conciencia, como se conoce a la posibilidad de un profesional a negarse a hacer la práctica por convicción religiosa.

El proyecto la contempla con muchos límites, porque además de garantizar la intervención con una derivación certera, los médicos deberán hacer la intervención si hay riesgo de vida a riesgo de una denuncia penal.

El texto no conformó a la militancia de la ley, que no acepta excusas de los médicos; mientras que la comunidad Provida pedía “objeción de conciencia institucional”, para que los centros de salud se nieguen a hacer abortos si así lo desean.

“Se hace política con este tema y desafortunadamente esta herramienta de excepción invierte su lógica de creación y funciona como una regla, haciendo emerger instituciones que retiran enfáticamente de la oferta sanitaria prestaciones lícitas, entre ellas la interrupción legal del embarazo”, sostuvo Soledad Deza, abogada y magister en Género, Sociedad y Justicia.

Varios diputados celestes pidieron objeción de conciencia institucional y la respuesta siempre la misma que el martes tuvo Vilma Ibarra. “Las instituciones no tienen conciencia”.

El plenario remoto fue coordinado desde el salón Delia Parodi del Palacio por el diputado oficialista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, acompañado por Mónica Macha (presienta de la comisión de Mujer), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Cecilia Moreau (Legislación General). La modalidad continuó siendo con preguntas escritas que los diputados leen para que los expositores respondan, sin cruces directos.

El constitucionalista Andrés Gil Domíguez descartó que la ley termine con un amparo en contra en Tribunales. “Es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque si no lo hace está violando los derechos humanos de las niñas y mujeres adolescentes. Desde el punto de vista constitucional no existe ninguna norma que impida que este proyecto sea inválido”.

No coincidió con él María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas: “La defensa de la vida comienza con la concepción y la protección de este derecho está expresamente establecida en el sistema jurídico. No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar, sino que se trata de la supresión del embarazo”.

Otra voz en contra fue la de Nicolás Lafferriere, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina y abogado por la Universidad de Buenos Aires, para quien “el aborto configura una inadmisible discriminación legal entre niños, ya que algunos tienen derecho a la vida mientras que otros serán descartados por ser no deseados. En países con aborto legalizado, las personas con discapacidad son eliminadas en un 90% de los casos detectados”. La reunión la había abierto Diana Maffía, doctora en Filosofía: “Habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida. El aborto es la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo. La penalización del aborto no protege la vida, destina a la muerte”. 

LPO

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