Hubo acuerdo entre el Frente de Todos y Cambiemos. Las unidades se levantarán en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.

Sobre tablas y con un consenso poco común en los días que corren, los diputados de la provincia aprobaron una serie de expropiaciones en cinco distritos del Conurbano donde se levantarán unidades penales y alcaidías para descomprimir los hacinados pabellones de las cárceles bonaerenses.

La iniciativa establece expropiaciones en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre para la construcción de dos unidades penitenciarias con capacidad para 1000 internos y 10 alcaidías que podrán alojar 300 internos en cada dependencia.

Aunque hubo diferencias por los terrenos a expropiar, finalmente hubo acuerdo entre el Frente de Todos y Cambiemos para avanzar con el proyecto que se aprobó sobre tablas, es decir sin dictamen de comisión. Ahora, la iniciativa pasa al Senado donde no debería haber inconvenientes para aprobarlo en el recinto. 

Las principales diferencias se posicionaban respecto del terreno a expropiar en Quilmes, toda vez que el punto elegido se ubica sobre la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, del lado del río.

Por eso, dos diputados de la oposición con armados territoriales en ese distrito manifestaron su rechazo al proyecto en términos personales. Fueron Guillermo Sánchez Sterli (Cambiemos) y Fernando Pérez (Cambio Federal) quienes votaron en contra.

Ese punto de Quilmes es donde se generó mayor resistencia. El fin de semana hubo una movilización en la ribera de ese distrito en rechazo a la construcción de una nueva alcaldía.

Sin embargo, la intendenta Mayra Mendoza defendió la iniciativa y consideró que no afectará el turismo en ese punto de la ciudad. “Hay quienes ponen palos en la rueda. Quienes no quieren garantizar derechos también a las personas que están detenidas”, dijo.

Más allá de las posturas de quienes rechazaron el proyecto, no hubo contrapuntos entre el Frente de Todos y Cambiemos. “Hay quienes creen que hay que lograr una sociedad igualitaria y después abocarse a la represión del delito. Y quienes creemos que hay que abocarse a la construcción de una sociedad igualitaria, pero no obstante eso consideramos que al delito hay que combatirlo hoy en defensa de los ciudadanos que son víctimas”, empezó diciendo Mario Giacobbe, un diputado que no forma parte del Frente de Todos pero que articula con el peronismo.

En tanto, el massista Jorge D’Onofrio explicó que el 70% de los internos del servicio penitenciario vive en el tercer cordón del Conurbano. “Uno de los principios de esta ley es ubicar a los internos cerca de sus familias porque consideramos que la familia es uno de los puntales para resocializarlos”, afirmó.

Respecto del financiamiento para las dos unidades penitenciarias y las 10 alcaidías, se sabe que el gobierno de Axel Kicillof tiene garantizado fondos de Nación. En tanto, los fondos para una tercera cárcel llegarán por parte del gobierno provincial.

Estas obras forman parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria que presentó el ministro de Justicia, Julio Alak, semanas atrás en la Legislatura. Se trata de un programa que busca crear seis unidades penitenciarias y 30 alcaidías en el territorio bonaerense.

Kicillof tuvo un fuerte giro en materia de política penitenciaria. En enero, una mesa de diálogo coordinada por Alak escuchaba propuestas de la Comisión por la Memoria para la liberación de 15.000 presos.

Sin embargo, ahora pasó a una política más conservadora de construir unidades penitenciarias que permitan distribuir la cantidad de internos.

Un informe de la ONU sostiene que el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de hasta 31.300 plazas. Sin embargo, a nivel nacional se registran 92.100 personas privadas de la libertad, de las cuales 46.565 se encuentran alojadas en el sistema penitenciario provincial. Eso representa mas de un 50% de la totalidad de los detenidos del país.

En tanto, de las 46.565 personas alojadas en la provincia, 40.968 personas se encuentran en las distintas unidades penitenciarias y alcaidías, 5.471 en dependencias policiales, y 2.126 bajo el régimen de monitoreo electrónico. Eso refleja que el déficit de plazas es mayor a las 20.000.

LPO

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