Alberto tampoco quiere que se debata la intervención de Vicentin en el Congreso

La dispuso con un decreto de necesidad y urgencia y no lo incluyó en el paquete que se debatirá el martes. Aun así, seguirá vigente, aunque acotada por la justicia. Tampoco sumó la suspensión de la fórmula jubilatoria.

La bicameral de trámite legislativo tendrá el martes a la mañana otra reunión telemática para debatir decretos firmados por Alberto Fernández, pero el temario omitió dos de los más relevantes del último mes: la intervención a la cerealera Vicentin y la prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. 

Los 9 incluidos incluyen ampliaciones presupuestarias, prórrogas fiscales, renovaciones de aislamiento social y preventivo, intervenciones a entes reguladores como el Enre y el Enargas; y otros dos sobre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): la continuidad hasta diciembre de la interventora Cristina Caamaño y la prohibición, expresa, de actuar como auxiliares de la justicia.

Servirán al oficialismo para dar el debate sobre las denuncias de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, que derivaron en causas judiciales y la detención del ex director de operaciones del organismo, Alan Ruiz. Para el martes, además, habrán declarado los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. 

La orden del día no incluye el DNU 522, que dispuso la intervención por 60 días de Vicentin hace un mes y fue objetado por la justicia civil y comercial de Santa Fe. Si bien no lo revocó, ordenó que los interventores designados por el Gobierno, liderados por Gabriel Delgado, continuaran reducidos a la condición de veedores.

Los decretos están vigentes desde su publicación y sólo pueden ser revocados si así lo disponen las dos Cámaras del Congreso. Alberto firmó varias decenas este año y apela a la ratificación del Senado, donde el oficialismo tiene una cómoda mayoría, que también le permite dominar la bicameral de trámite legislativo encargada de dictaminarlos, presidida por el diputado kirchnerista Marcos Cleri. 

Pero prefirió no terminar el trámite con el DNU que habilitó la intervención de Vicentin, tal vez porque no tenga expectativas de renovarla en agosto o prefiere que no se levante la voz en el Congreso sobre un tema que no lo dejó bien parado. 

De hecho, tampoco hay fecha para tratar en Diputados la ley que crea una bicameral para investigar los créditos de 18500 millones que le entregó el Banco Nación y nunca logró cobrar. El Senado la aprobó hace un mes. 

Entre los legisladores oficialistas aún no hay explicación sobre el sainete que significó anunciar la intervención de Vicentin y un proyecto de ley para expropiarla que nunca llegó, con una marcha en el país para pedir por la empresa. 

Para ese entonces, en Diputados no estaban los votos para avanzar en una expropiación si llegaba a enviarse, pero un sector del PRO y los socialistas santafesinos avalaban la participación del Estado en un consorcio de administración, junto a los productores estafados. 

Fue la propuesta del gobernador Omar Perotti al juzgado a través de la Inspección General de Justicia de Santa Fe, pero no fue aceptada. El viernes, los dueños fueron embargados y acusados de lavado de dinero, junto al ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. 

Otro decreto ausente del temario es el 542, que prorrogó hasta diciembre la suspensión de la fórmula jubilatoria que rigió hasta navidad, cuando en la ley de emergencia se anuló por un semestre la aprobada en 2017 y enviada por Mauricio Macri, que combinaba inflación con variación salarial.

Alberto la reemplazó con dos decretos de aumentos fijos, que asegura haberle garantizado a la mayoría de los jubilados proteger sus ingresos de la inflación. En Cambiemos hacen las cuentas y denuncian que con la fórmula vieja el porcentaje general hubiera sido mayor. 

El debate se repite cada lunes en la comisión mixta creada para debatir este tema entre legisladores y funcionarios y el presidente estudia concluirlo con una nueva fórmula jubilatoria junto al nuevo presupuesto, que vuelva a combinar recaudación y salarios, como la derogada en 2017. Pero no quiere anticipar la discusión parlamentaria con su decreto. Y no lo envió. 

La Política Online

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