Ambos pertenecen al ámbito de la Justicia. En Radio Criterio (FM 88.1) analizaron la situación.

El asesinato de un ciudadano armenio en manos de un joven de 15 años trajo, de nuevo, el debate sobre la baja de la imputabilidad en la República Argentina. Este hecho generó, tanto de un lado como del otro, diferentes declaraciones y posturas encontradas.

A nivel político, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, acusó a la ministra nacional Sabina Frederic de «hablar por no tener responsabilidad territorial» y de «pensar al revés».

Es por esta razón que, desde Radio Criterio (FM 88.1), se buscó dar con voces con autoridad sobre el tema: este es el caso de Horacio Oldani, fiscal de nuestra ciudad, y Rodolfo Migliaro, abogado penalista.

«La ley 22 278 es una ley nacional y, en ella, se prohíbe la persecución penal a menores de dieciséis años que cometan cualquier delito. La ley que lo impone es una legislación de la época de la dictadura militar, nunca se actualizó», dijo Oldani.

En diálogo con NI+NI- y SinRodeos, programas conducidos por Pedro Rossi, el fiscal previó que «no será fácil el debate en el parlamento», analizando que «existe una cuestión política que hace que algún sector apoye esta idea y otro que no».

De esta manera, el fiscal pidió que, para estos «delitos graves», «el Estado dé una respuesta», aunque solicitó que, en el caso de bajarse la edad de imputabilidad, «debería ser para delitos muy puntuales como robos con armas de fuego, homicidios, violaciones o delitos muy graves».

En el mismo sentido, el abogado penalista Rodolfo Migliaro recalcó la gravedad y atípico de estos hechos que «no se dan habitualmente». Sin embargo, optó por explicar que «la solución no es bajar la edad de imputabilidad» ya que «el espíritu homicida se puede dar a los trece, catorce o quince», alegando que esto es indiferente.

«Tenemos que buscar que, en el margen que está debajo de los dieciséis años, el juez tenga la posibilidad de considerar que el menor, a pesar de no registrar la edad de imputabilidad, pueda ser sancionado en virtud de los informes psiquiátricos, psicológicos o sociales por considerarlo peligroso para terceros», agregó.

«No es una cuestión de edad, es de educación. Son integrantes de familias desajustadas completamente. Hay que ver las condiciones en las que viven», cerró Migliaro.


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