Son 11 las provincias que aun no logran reestructurar sus deudas. Para las que opten por imitar a Guzmán y hacer un canje, se sumaría la necesidad del acuerdo del Congreso.

Mientras el Gobierno pasa la página a la negociación con el FMI, las deudas provinciales con los acreedores privados son un capítulo que continúa abierto. En total son 11 las provincias que tienen sus deudas en proceso de reestructuración por un total de 12.700 millones de dólares, a las que se suma el municipio de la ciudad de Córdoba con otros 150 millones que tomó Mestre en Nueva York en 2016.

La más complicada es la provincia de Buenos Aires, con 7.148 millones de dólares distribuidos en varios cinco bonos bajo ley Nueva York, y que hoy volvió a ampliar el plazo de negociaciones con sus acreedores por novena vez. Es que además tiene 706 millones de dólares de deuda con organismos internacionales y otros 800 millones de dólares en deuda local.

Por el momento, su principal problema es que los acreedores están empezando a cuestionar la buena fe de las negociaciones que se prorrogaron ya ocho veces sin que haya habido una mejora de la oferta de Kicillof y no esperan que de esta nuevo aplazamiento surja algo distinto. Por eso, el grupo más voluminoso de acreedores advirtió que cambió de asesores legales y que no descarta litigar si no hay cambios en la actitud del gobernador bonaerense.

Y ahora se les sumaría un escollo burocrático adicional. Cualquier provincia que quiera emitir deuda en dólares haciendo sesión de jurisdicción, también pasaría a necesitar la aprobación del Legislativo en caso de promulgarse el proyecto de Ley que envió hoy al Congreso el ministro de Economía, y que en el Ministerio entienden que cada provincia replicará en su propia ley.

Además de ordenar que “los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso de la Nación” también exige que “el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación“, y no lo limita al endeudamiento nacional. La idea es que otro ciclo de endeudamiento como el de 2016 y 2017 no sea factible.

En Economía explicaron que no tendría sentido dejar poner en orden la deuda nacional y que las provincias puedan emitir sin someter su endeudamiento externo a las Legislaturas provinciales.

En cambio, en la oposición ven un posible avance en la normativa para lograr lo que mediante el Consenso Fiscal no han conseguido, que es que las provincias limiten y supediten a una estrategia conjunta su endeudamiento y su política financiera. Es que en su último paso por el Congreso, el ministro les advirtió a los Diputados que “hay una sola caja de dólares” para todos los deudores.  

Cabe recordar que la ley de Presupuesto nacional de 2016 autorizaba un monto total de endeudamiento en pesos que Luis “Toto” Caputo, entonces Ministro de Finanzas, cumplió en tanto se interpretara que también era válido en dólares por el equivalente en pesos a dicho monto. Y aunque en el Congreso hubo quejas y advertencias por el riesgo de descalce de monedas, no era la primera vez que esto ocurría y los anteproyectos para evitar que esto se repitiera -Diego Bossio elaboró uno de ellos- no se materializaron. Con el proyecto de Ley de 2017 se volvió a autorizar endeudamiento en pesos y parte de ello se tomó en dólares en los primeros meses del año.

Junto con el endeudamiento nacional, Caputo también dio luz verde a que provincias e incluso el municipio de Córdoba capital tomaran más deuda en Nueva York, deudas cuyos servicios luego presionan sobre las magras reservas internacionales del Banco Central.

Desde Economía, enfatizaron que objetivo de la Ley es “fortalecer mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y la ejecución de planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean políticas de Estado”.

Sin embargo, puede suponer un escollo adicional para la negociación de las deudas provinciales porque, por ejemplo, una nueva emisión de bonos de la provincia de Buenos Aires que otorgue nueva deuda a los acreedores a cambio de los títulos en default ya no dependería solo de llegar a un acuerdo con los bonistas y que la aceptación sea lo suficientemente amplia como para que se disparen las Cláusulas de Acción Colectiva, sino que también dependería de que el Congreso nacional le apruebe la emisión de los nuevos bonos. A menos que en la reglamentación de la norma se les den grados de libertad adicionales a las provincias para modificar el perfil de vencimientos sin acuerdo del Congreso.

Esto es algo que la ley de Administración Financiera le permite al Tesoro nacional si y solo si cumple con dos de tres condiciones: reducir la tasa, aumentar los plazos o bajar el monto adeudado.

“El criterio acá sería que no se apiñen los vencimientos de todas las provincias con los de la Nación generando picos de necesidades de liquidez o de refinanciamiento que enturbien el horizonte de pagos y no se vuelva a generar una pared de vencimientos como en el último segundo trimestre”, dijo un asesor económico que prefirió la reserva hasta no leer el proyecto de ley completo y que hoy no llegó al Congreso.

De cualquier forma, el camino preferido por los gobernadores no es necesariamente el canje, sino que otros apuntan a modificar los “reserved matters” (cláusulas troncales) de los contratos de emisión de bonos. Así, por ejemplo, la propuesta que hizo la provincia de Córdoba a sus acreedores no era por nuevos bonos, sino un cambio en las condiciones de emisión de los mismos títulos.

Mendoza, la única provincia que hasta ahora logró reestructurar su deuda por 530 millones de dólares hizo un canje de títulos y emitió un nuevo papel a 2029. Este canje lo hizo con el mandato de mejorar plazo, monto o tasas de interés.

Córdoba es la que más cerca está de llegar a un cierre, mientras que las demás siguen en tratativas. Schiaretti y los gobernadores de Chubut, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego por el momento vienen evitando el default.

LPO

Leave A Reply