Una nueva Ley de Educación, que tiene media sanción, haría que no fuera obligatorio el castellano en las escuelas. Hay polémica.

“Es una idiotez que no tiene perdón”, dijo el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre la reforma a la ley de Educación por la que se están sacando chispas en España, donde pasa la mayor parte de su tiempo el escritor peruano.

Se trata del proyecto que busca modificar la Ley Orgánica de Educación española que, entre los aspectos polémicos, pretende omitir que el español es la lengua oficial del Estado y la que debe utilizarse en las escuelas para enseñar y para aprender.

Hasta ahora, la normativa aprobada en 2013 por el Partido Popular -que gobernaba con mayoría parlamentaria absoluta- y a la que le quedan los minutos contados, fijaba que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas co-oficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos”.

Pero la enmienda que se propone elimina la referencia que el texto inicial hacía al castellano como “lengua oficial del Estado” y a las “lenguas vehiculares”.

De esta manera, se abre la puerta a la posibilidad de que los gobiernos autonómicos de las 17 comunidades que integran España determinen cuál es la lengua vehicular en la comunidad educativa de sus propios territorios.

“He de decir que el término vehicular realmente no había aparecido en la legislación educativa hasta el año 2013 y, sin embargo, el castellano ha sido vehicular siempre a lo largo de la historia”, se defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá.

E insistió: “La vehicularidad de las lenguas no está en entredicho, las lenguas son vehiculares por su propia condición, en sentido amplio, porque son herramienta de comunicación”.

Impulsora de la reforma de la que toda España habla como “ley Celaá”, la ministra sostuvo que es una falsedad asegurar que la nueva ley eliminará el castellano en la educación: “Lo que dice con total rotundidad es que las administraciones educativas garantizarán el derecho de todos los alumnos y alumnas a recibir enseñanza en castellano y en la lengua co-oficial, conforme a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía”, dijo Celaá.

“Al final de la enseñanza básica, a los 16 años, todos los niños y niñas tendrán dominio pleno y equivalente en ambas lenguas co-oficiales y además los centros educativos tienen la obligación de compensar con medidas este conocimiento”, agregó.

La enmienda a la ley de Educación surge en un momento bisagra en la política española: con pulso de neurocirujano, el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos articula gestos amigables hacia partidos políticos con representación parlamentaria necesarios -como el independentista y voraz defensor del catalán Esquerra Republicana de Cataluña- para contar con apoyos suficientes en la vidriosa tarea de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la llave de la gobernabilidad en España.

Durante la presentación por videoconferencia de su último libro, Sobras CompletasVargas Llosa lo explicó así: “El gobierno quiere que le aprueben sus presupuestos. Para eso necesita los votos de Esquerra, la izquierda catalana. Y Esquerra, que quiere acabar con España, se limita a pedir que le suprima el español como la lengua de España”, resumió el Nobel.

“De todo esto resulta que España es un país que no tiene un idioma oficial. Bueno, ¿y qué pasa con los quinientos millones de gente que en el mundo habla español gracias a España? ¿Cómo vamos a explicarles a los mexicanos que España ya no tiene una lengua propia porque se ha abolido? Es un disparate que no tiene cabeza, que no tiene ningún sentido”, se quejó Vargas Llosa.

Y, como miembro de la Real Academia Española (RAE), disparó: “Yo creo que la RAE debe pronunciarse de una manera muy categórica, sin entrar en las pequeñas politiquerías que están detrás de esa suspensión de la lengua española en una ley de Educación. Eso, si uno lo cuenta, da vergüenza ajena”, dijo.

Consultada por Clarín, la Real Academia Española respondió con un comunicado en el que aspira a que los legisladores no dejen de proporcionar “la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar”.

La Real Academia expresó su preocupación por que “el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna”.

“Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna”, acordaron decir los académicos en un pleno de la RAE que terminó casi a medianoche del día en el que el Congreso de los Diputados aprobó la reforma a la ley de Educación.

“Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización”, dijo la RAE.

Por más buenas intenciones que exprese la Academia de la Lengua la reforma, que ya fue aprobada en el Congreso de los Diputados y ahora espera la decisión del Senado, podría entrar en vigencia el año que viene.

“Recurriremos al Tribunal Constitucional la ley Celaá si el gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada (subvencionada). (El presidente Pedro) Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos”, se quejó el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado.

Desde que la reforma fue aprobada en el Congreso, en varias ciudades españolas hay manifestaciones en contra de la ley Celaá. Padres y centros educativos marchan en caravanas con distintivos naranja, el color de la protesta.

Clarín

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