El tributo se había eliminado en los 70. El Gobierno asegura que al menos quince provincias piden que se lo reponga.

El Gobierno tiene muy avanzada la negociación con las provincias para reponer el impuesto a la herencia, un tributo que se eliminó en la década del 70 y que ante las restricciones que impondrá el acuerdo con el FMI se buscará revivir para mejorar las arcas provinciales.

El nuevo impuesto se colará en el marco de la firma de un nuevo “Consenso Fiscal”, un paso que se repite todos los años, pero que ahora servirá de marco para camuflar el nuevo tributo.

El presidente Alberto Fernández firmará este lunes a las 17 horas en la Casa Rosada el acuerdo, que se presentará como la fijación de “alícuotas máximas” para el año que viene sobre todos los impuestos provinciales, básicamente Ingresos Brutos. 

El documento en rigor lo que hace es volver a dejar sin efecto la baja de ese impuesto que se había acordado en el 2017 durante el gobierno de Macri y que apenas asumió Alberto fue dejada sin efecto, por pedido de los gobernadores.

Además, el nuevo pacto fiscal  “invitará” a los gobernadores a volver a cobrar el impuesto a la herencia que eliminó Martínez de Hoz en 1973. Hasta ahora sólo se opusieron públicamente a su regreso el cordobés Juan Schiaretti y el porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Incluso los de La Pampa y San Luis acompañarán con su firma, pese a que sus provincias al no haber firmado el pacto de 2017, no estaban sujetas a baja acordada ese año. Schiaretti anticipó que lo firmará pero se abstendrá de subir o crear impuestos. El único ausente será Rodríguez Larreta quien dijo que no lo firmará porque implica la suba de impuestos.

La posición de Larreta marcó una primer diferencia programática fuerte con sus pares radicales. Todos los gobernadores de la UCR anticiparon que firmaran el nuevo pacto y de manera tácita avalan la suba de los impuestos provinciales.

En el Gobierno desmienten que se trate de una suba de impuestos y aseguran que Larreta no hizo ninguna devolución a las propuestas que le envió el Ministerio del Interior. “Se trata de una armonización de alícuotas que les da seguridad jurídica a los contribuyentes al ponerles tope a todos los impuestos provinciales”, argumentó la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, encargada de negociar el pacto. 

LPO pudo saber también que el séptimo artículo habilita la discusión en 2022 para que las provincias puedan volver a cobrar el impuesto a la herencia, ya que es una potestad no delegada en la Nación. “Al menos quince provincias lo plantearon y por eso se plasmó abrir la discusión para el año que viene, no hay alícuotas propuestas ni ningún detalle, solo la apertura de una discusión”, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. La redacción lo que sí establece es que, en caso de sancionarlo, las provincias deberán imponer alícuotas crecientes para hacer que el impuesto sea progresivo.

En efecto, desde el 2011 la provincia de Buenos Aires ya cobra el impuesto a la herencia, técnicamente denominado “a la transferencia gratuita de bienes” y lo destina por ley en un 80% a financiar el Fondo de Educación provincial. Así, para quienes sean convivientes del deudo o herederos directos por un monto inferior a los $616.317 (valores para 2021) la alícuota es 0% y para quienes no sean herederos directos sino en tercer o cuarto grado la alícuota puede llegar al 8,78%.

Puntualmente, la redacción provisoria del artículo en cuestión dice que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias “analizarán legislar sobre un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda bienes situados en sus territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo”.

Batakis insistió que el nuevo pacto no implica una suba de impuestos, sino que devuelve autonomía política a las provincias para fijar las alícuotas que consideren, algo que el acuerdo de 2017 les había quitado al forzar a la baja la presión tributaria provincial.

“Recordemos que Argentina es un país federal. Lo que la gestión anterior había hecho era reducir esa autonomía de las provincias. Nosotros estamos construyendo un país en donde las provincias puedan tomar sus decisiones, pero establecemos límites máximos. Después cada provincia puede decir ‘yo de esta alícuota aplico la mitad’. Básicamente es armonizar, no es que van a aumentar los tributos”, dijo la ex ministra de Economía bonaerense y recordó que la Ciudad ya fijó una suba de impuestos del 52% para el año próximo.

Este domingo, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, también se diferenció de Larreta y dijo que: “El Consenso Fiscal está razonablemente bien, es equivocado decir que aumenta impuestos. Son potestades que tiene cada una de las provincias, se le pone un tope a los impuestos que se pueden dar”.

“En Corrientes no vamos a modificar nuestra estructura impositiva, no tenemos problema de firma porque estamos muy por debajo de esas alícuotas”, agregó.

Además del planteo sobre el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, más conocido como impuesto a la herencia, la incorporación el pacto plantea una alícuota máxima para los Ingresos Brutos sobre las actividades financieras, también denominado “impuesto a las Leliqs”, creado por Larreta luego que Alberto Fernández le quitó a la Ciudad un punto de la coparticipación que recibe, para girárselo a la provincia de Buenos Aires para pagar los aumentos de sueldos a los policías tras la rebelión de la bonaerense.

El año pasado, en el Consenso Fiscal, Alberto Fernández intentó que las provincias firmaran en contra de este impuesto, pero varios gobernadores peronistas se negaron a incluir esta prohibición porque sus provincias también cobraban el impuesto a las Leliqs, aunque su impacto era menor porque la mayor parte de los bancos tienen sus casas matrices la Ciudad de Buenos Aires y la alícuota impactaba de lleno en la porción de la tasa de Leliqs y de pases pasivos que les paga el Banco Central.

De hecho, la Ciudad cobra 8% por este concepto y el Consenso Fiscal que se firmará mañana puso por tope 9%, permitiéndoles a las provincias firmantes cobrar hasta un punto más de lo que cobra la Ciudad.

LPO

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