Se trata del desfalco de Bolsafé Valores que afectó a más de mil personas por cifras que superan los $200 millones a través de maniobras fraudulentas atribuidas al empresario Mario Rossini.

El 2 de septiembre iniciará el primer tramo del juicio oral de la llamada “causa Bolsafé”, una investigación iniciada en 2013 y que busca desentrañar la megaestafa pergeñada por el contador Mario Rossini, titular de la firma Bolsafe Valores, acusado de estafar a más de mil ahorristas por un total de más de 250 millones de pesos (a valores de 2016).

La causa fue impulsada por el fiscal federal Walter Rodríguez, a fin de “develar la actividad criminal orientada a defraudar el patrimonio de una inmensa e indeterminada cantidad de ahorristas a partir de una mecánica continuada de captación de activos”, según detalló un documento clave elaborado por la Procelac.

En total se imputaron a 49 operadores financieros, acusados de robarle a 408 ahorristas (total de denunciantes) concentrados fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de maniobras ilegales impulsadas por la sociedad Bolsafé Valores y la empresa BV Emprendimientos (también de Rossini), con la aparente complicidad del Mercado de Valores del Litoral y del Banco de Galicia.

Se trata del la estafa más grande ocurrida en la ciudad de Santa Fe que motorizó hasta ese momento, una de las firmas de inversiones más encumbradas de la capital provincial y que desató un escándalo judicial y político de magnitud por las derivaciones del caso.

Por la complejidad de la causa, esta fue divida en tres tramos, orientado cada uno a develar los delitos cometidos en las diferentes entidades. Esta estrategia fue criticada por los abogados defensores Carlos Reyna, Leandro Corti y Enrique Müller, dada la capacidad de lobby de algunos sectores para frenar el avance de sus tramos.

En este marco, el tramo más avanzado es el que investiga a Mario Rossini, a su hermano Omar y a las 8 empleadas que trabajaban en Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, quienes fueron imputados por engañar a pequeños y medianos ahorristas para quedarse con sus títulos, delito agravado por la inclusión de una maniobra bursátil ilegal y por el lavado de activos.

Esta audiencia es la que se realizará el 2 de septiembre, instancia que se demoró más de lo previsto a causa de demoras procesales que contaron con cierto aval de la justicia. Pero la audiencia ya tiene fecha, y la querella podrá contar además con la participación clave de la Procelac.

Donde también hubo novedades fue en el segundo tramo de la causa, que investiga las responsabilidades de cuatro empleados del banco Galicia: Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah (oficiales de empresas de la sucursal Santa Fe), Guillermo Juan Pando (oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera), y Silvio Ariel Gómez (gerente de sucursal).

La semana pasada, la Cámara de Casación Penal dio lugar al pedido de los abogados defensores, quienes solicitaron la anulación de la “falta de mérito” impuesta en noviembre al procesamiento contra tres de los implicados.

Esta decisión había sido tomada por el juez federal Francisco Miño y había paralizado las investigaciones. Pero esta decisión fue revisada, y si bien Casación no terminó de revocar la “falta de mérito” interpuesta, habilitó en cambio la reapertura de la causa al sugerir una revisión de la decisión tomada.

En concreto, lo que se sospecha es que el Galicia facilitó su estructura financiera (tanto la del banco como Galicia Valores) para que Rossini, por medio de su firma paralela BV Emprendimientos, realizara trámites fraudulentos para adueñarse de los títulos “alquilados” a pequeños y medianos ahorristas, práctica prohibida por ley.

El tramo restante de la causa investiga a los funcionarios que se desempeñaban en el Mercado de Valores del Litoral, entidad que debía fiscalizar la actividad financiera y bursátil de Bolsafe Valores. Este tramo tiene 18 apuntados, entre ellos al ex ministro de Carlos Reutemann, José María Candioti, y a Pablo Tabares, ex funcionario de José Corral.

También estuvo a punto de quedar implicado el vicegobernador de Miguel Lifschitz, Carlos Fascendini, cuyo estudio contable había sido vinculado a las maniobras ilegales de Bolsafe Valores a partir de una investigación del periodista Pablo Benito. Allí también se detalló que este funcionario, días antes de transformarse en ministro de la Producción (2011), “transfirió la titularidad de sus negocios privados”. 

De no surgir ningún contratiempo, los 18 implicados mencionados, incluidos Candioti y Tabares, deberán comparecer ante la Justicia en octubre. 

LPO

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