Logró dictamen con apoyo de todas las fuerzas, pero muchos legisladores creen que las sanciones son desproporcionadas y exigen revisarlas.

La ley para aumentar penas por maltrato animal obtuvo dictamen en Diputados pero no está cerca de ser aprobada en el recinto sin sobresaltos, porque miembros de varios bloques la consideran un exceso.

Así lo manifestaron juristas de Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Peronismo Federal que firmaron el dictamen pero se fueron disconformes y dispuestos a volver a discutir en privado artículo por artículo.  

“Las mayorías de las penalidades son totalmente desproporcionadas. Y el artículo 5 habla de sanciones que ni quiera guardan relación con las penas por agredir a personas”, sostuvo ante LPO uno de los referentes del oficialismo.

Ese artículo contempla hasta 5 años de prisión, que no es excarcelables, a quien sometiera a maltrato u actos de crueldad a animales que debiliten su salud, torturen o mutilen sus partes.  La pena más grande será de 6 años de prisión efectiva si la muerte de un animal es acompañada de actos de crueldad y perversidad.

Por pedido del Ministerio de Agroindustria, no serán penados los casos de “mejoramiento, marcación o higiene”, pero aun así varios diputados creen que quedan enmarcados los frigoríficos o mataderos, donde matan a las vacas, las faenan y las venden.

“Es una locura. Se va a terminar sancionando a alguien que se tropiece con un perro. No se puede legislar con tanta demagogia”, se lamentó un diputado kirchnerista que no quiso firmar. Otros, como Daniel Filmus, firmaron en disidencia.

La ley prevé sanciones de hasta 6 años de prisión efectiva por matar a un animal y los protege de lastimaduras y deterioros en su salud. “No guarda relación con penas a las personas”, coinciden en todos los bloques. 

El proyecto modifica la ley 14.346 de maltrato animal, que data de 1954 y castiga con prisión de quince días a un año al que “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. En esta versión, se prevén hasta 2 años de prisión o multas por maltrato.

Engloba en esa definición a diez prácticas como no alimentarlos, “azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos”, estimularlos con drogas excesivas, usarlos para tiro de vehículos, no brindarle asistencia sanitaria cuando se los tenga en cuidado, reducir su movilidad o abandonarlo, utilizarlos para espectáculos circerses o manipularlos para hacerlos peligrosos.

La pena se eleva a 4 años de prisión si se los somete a actos de crueldad. Se consideran como tales la vivisección con fines no científicos, intervención quirúrgica sin anestesia, abandono, muertes de animales grávidos (se excluye a las industrias frigoríficas), lastimarlos y arrollarlos y usarlos para competencias.  

Las “lastimaduras” son otra definición genérica que no convence a muchos diputados y abogados de profesión, que siguen siendo muchos. Además, recuerdan que la caza furtiva está permitida en Argentina y conlleva todas las prácticas penadas. 

Los promotores de la ley festejaron el dictamen sin oposición a la vista y con presencia de ONGs que la promueven y hasta pedían una redacción más severa. “Podemos llevarlo al recinto para tener una ley este año que modifique y amplíe la conceptualización de lo que es maltrato y crueldad contra los animales y amplíe la concientización sobre el tema”, explicó la radical jujeña Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal.

El macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, a cargo de los  plenarios, pidió que “la Autoridad de Aplicación proponga la inclusión del derecho animal en la currícula educativa y la capacitación de los funcionarios judiciales que apliquen la ley”. 

La desproporcionalidad de las penas es una polémica que los legisladores que son abogados penalistas vienen dando en los pasillos del Congreso, cuando aterriza una ley para saciar a la opinión pública con más castigos. 

El caso emblema es el de las penas de hasta 4 años por organizar carreras de galgos, sancionado en 2016 y que sirve como antecedente para enturbiar muchos debates, como el del aborto legal. “Si consideramos persona a un embrión, quien lo mata no puede ser menos delincuente que un galguero”, se escuchó entre los celestes.

En diciembre hubo una discusión similar cuando Patricia Bullrich envió una ley para aumentar las penas por violencia en el fútbol, que trastocaba las proporciones de decenas de artículos del Código Penal. Hubo que reescribirla muchas veces, obtuvo dictamen pero los artículos se revisaron en el recinto hasta que Emilio Monzó se cansó y le pidió a Martín Lousteau pedir que vuelva a comisión. Nunca más se aprobó. 

La Política Online

Leave A Reply