Incrementan un 68% la cifra oficial. El Gobierno no las reconoce como muertes por Covid ante la imposibilidad de hacer los test PCR.

El Ministerio de Sanidad de España dispone, desde hace días, de los datos oficiales enviados por las comunidades autónomas sobre los fallecimientos por coronavirus en las más de 5.400 residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, existentes en todo el país. En total, y según esos informes, el número de muertes en estos centros es de 16.510, lo que supone un 68% del total de decesos por coronavirus en España, 24.543 según el informe hecho público este jueves

El Gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, no eleva la cifra de fallecidos, que superaría los 40.000, al considerar que es imposible realizar las pruebas PCR necesarias para confirmar que todas esas muertes se produjeron por el Covid-19.

Según explican a LPO técnicos de Sanidad, los informes enviados desde los diferentes gobiernos regionales proceden de tres fuentes diferentes: los registros de las propias residencias, las estadísticas del INE, y de sus propios registros civiles: “Se ha tenido en cuenta, sobre todo, la llamada mortalidad esperada, que es una estimación en base a los informes de los últimos años y la que finalmente se ha dado en las residencias”. Por tanto, los datos, “pese a salir de registros oficiales”, no “demuestran”, según el Ministerio, que todas esas defunciones sean consecuencia del coronavirus.

Las fuentes consultadas explican que el Gobierno central, al menos de momento, “no las va a reconocer como tal” porque los fallecidos no han sido sometidos a las pruebas de PCR. No se descarta, en ese sentido, que el Instituto Carlos III a través del estudio MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria), se pronuncie sobre las cifras de defunciones en residencias aportadas por las comunidades autónomas. No obstante, desde el Ejecutivo se ha optado, por el momento, por guardar silencio.

Pese a ello, ya empiezan a conocerse algunas de las cifras de los informes autonómicos remitidos a Sanidad. En esa documentación se afirma, entre otras cosas, que desde que comenzó la pandemia, 5.811 personas con diagnóstico positivo (1.130) o síntomas de coronavirus (4.681) han muerto en las más de 700 residencias de la Comunidad de Madrid y 2.943 en las residencias de Cataluña. Ambas comunidades, de hecho, concentran el 50% del total de defunciones en centros de ancianos de todo el país.

Después de ambas regiones, las cifras más elevadas de fallecidos en residencias de mayores se dan en las dos Castillas. En Castilla y León, han muerto 2.320 personas en centros públicos y privados, mientras que en Castilla-La Mancha se ha confirmado la muerte de 968 usuarios de residencias de mayores con coronavirus, un 39 % del total de los fallecimientos registrados en la comunidad. Además se contemplan 942 fallecidos más con sospechas de haber muerto contagiados, según informó el consejero de Sanidad. 

Además, según los datos enviados por las comunidades autónomas, en Aragón, Extremadura, Navarra, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias, el número de muertos en residencias superaría el 50% del número total de defunciones. En algunos casos, como el extremeño, el porcentaje se elevaría hasta el 90 por ciento de los decesos.

Todas estas cifras, pese a no ser dadas aún por oficiales por el Gobierno central, sí han provocado ya una reacción en Moncloa y en Sanidad. Según explican a LPO las fuentes consultadas, el Ejecutivo empieza a estudiar la aprobación de una ley que permita una “mayor profesionalización y vigilancia” de las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas. Entre otras medidas, “se obligará a las comunidades autónomas a tener un mayor control sobre estos centros, y se exigirá una medicalización específica y una plantilla especializada para la atención de los internos”. 

La Política Online

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